LA INCLUSIÓN SOCIAL NO ES UNA OPCIÓN, SINO UNA PRIORIDAD OBLIGATORIA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS

26 marzo 2025

El pasado viernes 14 de marzo, representantes de Riquirraque Emaús (Asturias), Emaús Servicios Medioambientales (Álava y Bizkaia), Traperos Recicla (Murcia), Vivir do Traballo (Galicia), y Traperos Huelva; asistieron a la 4ª reunión presencial del proyecto AMALUR REUTILIZA, celebrada en la ciudad de Pontevedra.

En este encuentro las entidades que conforman el proyecto visitaron las instalaciones de Vivir do traballo EIL y realizaron un análisis de los logros y avances realizados en cada una de las zonas geográficas en las que tienen incidencia. Además, todas las entidades miembro mostraron su preocupación por la situación de la contratación reservada a entidades sociales para la gestión de residuos, ya que en muchos casos, las administraciones están incumpliendo la legislación vigente.

En un contexto donde la inclusión social y la sostenibilidad son más importantes que nunca, las licitaciones de contratos públicos para la gestión de residuos ha puesto de manifiesto una preocupante falta de cumplimiento de la legislación. En concreto, se está incumpliendo la Ley 9/2017 de 8 de noviembre sobre contratos del sector público, que en su disposición adicional 4ª tiene el objetivo de promover la inclusión social y laboral en situación de vulnerabilidad. Y la Ley 7/2022 , de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados, que exige que la contratación reservada, ya sea de contratos o de lotes concretos, en la gestión de residuos textiles o voluminosos, debe garantizar el acceso de las empresas de inserción a estos servicios. Además esta Ley establece, en su Disposición Adicional 19ª, que al menos el 50% del importe de adjudicación de los contratos para la gestión de residuos textiles y voluminosos se reserve a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.

A pesar de la clara intención de la ley, muchas de las licitaciones actuales no están contemplando esta reserva, lo que genera preocupación en las entidades que forman parte del proyecto AMALUR REUTILIZA, ya que, no solo limita las oportunidades para las entidades, sino que también pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos sociales y medioambientales que la legislación busca promover.

Desde AMALUR REUTILIZA hacen un llamamiento las administraciones públicas, para que tomen las medidas oportunas para garantizar que se respeten las normativas vigentes, promoviendo así un modelo de gestión que no solo sea eficiente, sino también inclusivo.

Y reivindican la necesidad de diálogo urgente entre las autoridades competentes y las entidades sociales, con el fin de encontrar soluciones que aseguren el cumplimiento de la ley y, al mismo tiempo, fortalezcan el tejido social.

Por otro lado, las entidades miembros, como profesionales del sector de la gestión de residuos, destacan que las empresas de inserción son la fórmula más efectiva para cumplir con los objetivos sociales, medioambientales y económicos de la economía circular. Por lo que entienden, que una adecuada implementación de este marco normativo supone una importante oportunidad para propiciar un modelo de gestión de residuos que promueva, a la vez, la sostenibilidad medioambiental y la social, favoreciendo la inclusión.

En conclusión, la falta de contratos reservados a entidades sociales en las licitaciones de contratos públicos en la gestión de residuos, es un desafío que requiere atención inmediata, ya que la inclusión no es una opción, sino una prioridad obligatoria en la gestión de recursos públicos.

**El proyecto AMALUR REUTILIZA está financiado por la Unión Europea – NextGenerationUE y dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

¡Seguimos trabajando!